Santiago Cúneo lanzó una dura crítica al gobierno en su última editorial del video «Santiago Cúneo prende fuego a Milei y la clase política traidora«. En su análisis, cuestionó el accionar del presidente y su círculo de confianza, señalando irregularidades y denunciando lo que considera una entrega del país a intereses externos. Su discurso encendió el debate y puso en el centro de la discusión el rumbo político y económico de la Argentina.
Este problema no se va a resolver con palabras amables, ni con buenos días, buenas tardes o buenos provechos. Este asunto requiere de una actitud firme, de imponer la voluntad del pueblo argentino dentro del Congreso, porque para eso fue elegido este gobierno. Lo que estamos viendo ahora son jóvenes que se sientan a hacer un teatro de pedir un juicio político, pero no piden ni un juicio ni nada concreto. Son todo fachada, y lo único que hacen es generar denuncias que terminan siendo cubiertas por Servini de Cubría.
Nosotros queremos que las cosas cambien, pero no nos dejan. ¿Quién se cree que está jugando aquí? Esto no es un juego de palabras, estamos hablando de algo que se acerca a la traición, hijos de aquellos que lucharon por la justicia social el 17 de octubre. De acuerdo a Santiago Cuneo este gobierno está lleno de gente corrupta, serían una banda de bandidos que se ha instalado en el poder.
La situación es clara: hay una asociación ilícita encabezada por la «vendedora de tortas» y el «patas con papada». Este último sigue la ambición desmedida de su hermana, que lo ha utilizado siempre como un peón. Estos personajes son los que están detrás de la manipulación de la política actual. Todo esto se está haciendo para llegar a un final que ya parece inevitable, un gobierno que está terminado.
En un país normal, donde la oposición tuviera algún tipo de decencia, ya estaríamos todos en la calle exigiendo la salida de este gobierno, tal vez con helicópteros sacando a los ladrones de la Casa Rosada. Pero no, lo único que hemos visto es una foto del bloque de Unión por la Patria, hablando de la posibilidad de analizar un juicio político. Lleva 14 meses para que siquiera se constituya la comisión de juicio político.
El problema no es si Marcela Pagano es presidenta o no de la comisión, el verdadero problema es que esa comisión nunca existió. Leopoldo Moreau, quien debería ser parte de la comisión, nunca convocó una reunión. Nunca rompió el candado ni citó a nadie. En estos 14 meses no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿para qué presentar pedidos de juicio político si la comisión nunca se constituyó y los que se suponen deben formar parte de ella no están dispuestos a usar la fuerza necesaria para que funcione?
Este gobierno no solo es corrupto, sino que es una versión peor del menemismo. Aquella época ya la conocemos. Sabemos cómo el entorno de Carlos Menem vendía reuniones, cómo se usaba el túnel de Libertador para introducir personas cuestionables y señoritas, todo con el objetivo de vender la imagen del presidente. Lo que estamos viviendo ahora no es más que una pésima copia de esa era, una burda imitación.
Los responsables son los mismos, un grupo de delincuentes como los hermanos de Cerebros, el «patas con papada» y otros personajes que manipulan a la gente en el poder a cambio de dinero. Este es el gobierno que tenemos, uno que usa el poder público para proteger a los estafadores y encubrir sus crímenes. Utilizan a los trolls, bots, diputados, senadores, gobernadores y hasta a los votantes más ingenuos para seguir adelante con su esquema de manipulación.
Santiago Caputo el titiritero detrás de escena
Santiago Caputo ha sido señalado por Cuneo como un forajido, y como una de las piezas clave en la estructura de poder que rodea al gobierno actual. Junto con Adorni, cuya trayectoria también ha generado cuestionamientos, forman parte del círculo de influencia que ha modelado la administración de Javier Milei.
Se los ha mencionado como los principales operadores que, a cambio de financiamiento y apoyo, han garantizado respaldo y estabilidad política a la actual gestión. En este contexto, se ha denunciado que el poder público está siendo utilizado para consolidar una red de protección que abarca desde funcionarios del gobierno hasta operadores digitales, legisladores y gobernadores, generando una estructura de respaldo que sostiene a la administración en el poder.
Diversos sectores han expresado su preocupación por el manejo de recursos y fondos en este esquema, señalando que existen irregularidades en el financiamiento y gestión de ciertas áreas gubernamentales. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido una respuesta contundente por parte de las provincias ni de los órganos de control. Ningún gobernador ha tomado medidas simbólicas como declarar persona no grata al presidente, a pesar de las denuncias y acusaciones que han surgido en su contra.
En el ámbito judicial, las investigaciones avanzan lentamente, y algunos cuestionan la imparcialidad de ciertos jueces y fiscales encargados de estos casos. Existen denuncias por presunto plagio en los libros del presidente y acusaciones de irregularidades en su administración, pero estas no han derivado en consecuencias políticas o judiciales significativas hasta el momento.
Ante este panorama, surge la pregunta sobre cuál debería ser la respuesta de los sectores opositores y de las organizaciones sociales. La CGT aún no ha convocado a un paro general, y no se ha articulado una movilización masiva para expresar el descontento popular. Con la apertura de sesiones en el Congreso el 1° de marzo, muchos se preguntan si este será un punto de inflexión en la política nacional.
Finalmente, preocupa la dirección geopolítica del país, con una creciente alineación con Estados Unidos y la posibilidad de cambios estructurales que podrían redefinir la soberanía nacional en términos económicos y estratégicos. La pregunta sigue abierta: ¿hasta dónde se sostendrá este modelo y cuál será la reacción de la sociedad ante las decisiones del gobierno?
