Por su parte, Guillermo Moreno en una entrevista a Radio 10, explicó por qué lo que hizo el presidente Javier Milei podría constituir un delito. Comparó la situación con el rol de un funcionario público en el ámbito comercial:
«Un funcionario puede decir ‘coman carne argentina’, pero no puede recomendar la carne de un frigorífico en particular. Del mismo modo, puede alentar a comprar productos nacionales, pero no señalar una marca específica. Aplicado a este caso, un presidente puede decir ‘inviertan en criptomonedas’, pero no puede promocionar una cripto en particular», argumentó Moreno.
Con esta analogía, dejó en claro que la acción de Milei al promover públicamente $LIBRA podría ser vista como un uso indebido de su investidura para beneficiar un emprendimiento privado, lo que abre la puerta a posibles consecuencias legales.
El argumento de Guillermo Moreno se basa en un principio fundamental del ejercicio del poder: la imparcialidad y la responsabilidad del funcionario público en la promoción de actividades económicas.
Cuando una autoridad gubernamental impulsa un sector productivo en términos generales, como la ganadería, la industria nacional o la inversión en tecnología, está fomentando el desarrollo económico sin favorecer a un actor en particular. Es parte de su rol como representante del Estado incentivar el crecimiento y la competitividad de los mercados.
Sin embargo, el problema surge cuando un funcionario usa su investidura para promocionar una empresa, un producto o una inversión específica, ya que eso puede interpretarse como un acto de abuso de poder, tráfico de influencias o incluso fraude.
En este caso, Milei no solo alentó la inversión en criptomonedas en general, sino que fijó un tuit promocionando explícitamente un proyecto privado: $LIBRA. Este respaldo directo, desde la cuenta oficial del Presidente de la Nación, pudo haber inducido a miles de inversores a confiar en la legitimidad del proyecto, lo que amplifica las responsabilidades legales y éticas de su acción.
Posibles implicancias legales
El caso podría encuadrarse dentro de varias figuras del Código Penal, entre ellas:
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (Artículo 265 del Código Penal Argentino): establece que un funcionario que se interese directa o indirectamente en cualquier operación en la que deba intervenir por su cargo incurre en un delito. Aunque Milei no haya participado directamente en la operación, su respaldo oficial podría considerarse una interferencia indebida en el mercado.
- Defraudación al Estado o a terceros (Artículo 173): si se comprueba que hubo intención de inducir al engaño con la finalidad de obtener un beneficio indebido, el hecho podría ser catalogado como fraude, especialmente si existió una toma de ganancias por parte de los promotores originales del proyecto antes del desplome de la criptomoneda.
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Artículo 248): establece penas para los funcionarios que dicten resoluciones contrarias a la ley o hagan uso abusivo de su autoridad.
La responsabilidad de Milei y el impacto político
Más allá de la discusión legal, el episodio tiene un alto impacto político y reputacional. La promoción de una criptomoneda que resultó ser un desastre financiero ha generado indignación entre sectores que tradicionalmente apoyaban a Milei, incluidos inversores libertarios y entusiastas de las criptomonedas.
Además, la situación coloca en una posición incómoda al gobierno en sus negociaciones con organismos internacionales como el FMI, ya que pone en duda la credibilidad del liderazgo económico del país.
Conclusión
El argumento de Moreno expone un principio básico: un funcionario público no puede aprovechar su cargo para beneficiar a una empresa en particular, ya que eso implica un uso indebido de la función estatal.
El hecho de que Milei haya respaldado un token específico desde su cuenta presidencial, sin un análisis previo ni transparencia sobre los riesgos involucrados, podría convertirse en uno de los mayores escándalos de su gobierno, con posibles repercusiones tanto legales como políticas.
El diputado y abogado Ramiro Gutiérrez pidió la destitución
El diputado Ramiro Gutiérrez, miembro del bloque Unión por la Patria, anunció en el programa de Guillermo Favale en América 24 la formación de una comisión para evaluar la posibilidad de iniciar un juicio político contra el presidente Javier Milei, con miras a su posible destitución. Esta iniciativa surge a raíz de la controversia generada por la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del mandatario, lo que ha derivado en denuncias por presunta estafa y asociación ilícita (fuente).
Gutiérrez argumenta que el presidente podría haber incurrido en el delito de «partícipe necesario de una estafa informática», delito que contempla penas de hasta seis años de prisión. Además, señala que existe una «gravedad institucional» debido al perjuicio causado a los inversores de buena fe y al posible «enriquecimiento malicioso» de quienes se beneficiaron de la operación.
Aunque el oficialismo no cuenta actualmente con los votos necesarios para avanzar con el juicio político, la presión en el Congreso es creciente. La oposición busca canalizar el descontento generado por el llamado «criptofiasco«, que ha afectado a más de 40.000 personas y generado pérdidas superiores a los 4.000 millones de dólares.
