El acuerdo entre Argentina y el FMI: un pacto rodeado de incertidumbre
El acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue siendo un misterio y, según todo indica, lo seguirá siendo. El Gobierno ha decidido no revelar los detalles del pacto, ni siquiera al Congreso, donde buscará la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le otorga la potestad de negociar con el organismo y asumir más endeudamiento. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que el nuevo endeudamiento será «neto», ya que contempla el pasivo del Tesoro en el Banco Central, particularmente las Letras Intransferibles creadas en 2006 por Néstor Kirchner para pagar la deuda con el FMI, según informó El Economista. Sin embargo por un vericueto financiero, una vez que el dinero ingresa al Banco Central, nadie puede garantizar que no sea usado para ese fin, es decir para sostener el precio del dólar.
Más allá del hermetismo oficial, en las últimas horas surgió un rumor en la mesa de dinero de un banco en Nueva York que podría tener implicaciones clave. De acuerdo con esta versión, el FMI habría impuesto una restricción importante: Argentina no podrá usar los fondos adicionales para intervenir en el mercado cambiario si decide avanzar con el levantamiento del cepo.
Esta condición se reflejaría en el staff level agreement, el documento técnico que detalla los términos del acuerdo y establece los límites de acción del Gobierno. En este caso, el FMI evitaría incluir cualquier referencia explícita que habilite el uso de los dólares frescos –que en realidad son Derechos Especiales de Giro (DEG)– para otro fin que no sea sanear el balance del Banco Central. Es decir, el objetivo prioritario sería la cancelación de las Letras Intransferibles, pero no habría margen para destinar esos recursos a una salida acelerada del cepo.
Una salida gradual del cepo: la estrategia de Milei
Esta restricción del FMI refuerza la idea de que el Gobierno no se apresurará en levantar las restricciones cambiarias. De hecho, el propio Javier Milei ha señalado que su objetivo es eliminar el cepo en enero de 2026, lo que implica un proceso de desregulación progresiva durante los próximos meses. Una fuente cercana al Gobierno explicó que, si el acuerdo es aprobado por el directorio del FMI en abril o mayo, la administración tendrá al menos siete meses para ir desmontando regulaciones cambiarias sin precipitarse.
Luis Caputo, ministro de Economía, confirmó esta estrategia en un encuentro con empresarios en Mendoza. Su mensaje fue claro: «Van a faltar pesos». En otras palabras, el Gobierno apuesta a una reducción drástica de la emisión monetaria para evitar presiones sobre el tipo de cambio. Esta estrategia, combinada con el acuerdo con el FMI, debería contribuir a una apreciación gradual del peso y a contener eventuales corridas cambiarias.
A pesar de la acumulación de reservas –el Banco Central ya compró más de 3.000 millones de dólares en lo que va del año–, la dinámica de pagos de deuda sigue generando incertidumbre. Los vencimientos continúan erosionando las reservas, y el margen de maniobra del Gobierno dependerá en gran medida de su capacidad para administrar estos recursos sin generar sobresaltos en el mercado.
El papel del FMI y las incógnitas pendientes
El acuerdo con el FMI también plantea interrogantes sobre el financiamiento futuro del país. Un ex negociador argentino ante el organismo recordó que, en el acuerdo firmado con Mauricio Macri en 2018, los fondos desembolsados inicialmente estaban destinados como un respaldo precautorio y no para pagar deuda. Sin embargo, ante el cierre de los mercados, el FMI terminó permitiendo su uso para evitar un default. En esta ocasión, el escenario es distinto: el Fondo no autorizaría a Argentina a utilizar los DEG para intervenir en el mercado cambiario.
El verdadero alcance del acuerdo sigue sin estar claro, pero una de las versiones más extendidas sugiere que el FMI habría flexibilizado algunas condiciones para permitirle a Milei avanzar en la desregulación cambiaria, aunque sin otorgarle una carta blanca. Se espera que el pacto contemple el roll over de los vencimientos de capital hasta el final del mandato del presidente, aunque los intereses deberán ser abonados sin excepciones.
En este contexto, la estimación del banco UBS, que calculaba un financiamiento de hasta 20.000 millones de dólares, sigue generando debate. Esa cifra incluiría tanto el capital (12.000 millones de dólares) como los intereses (9.000 millones), o bien solo el capital, dejando el resto como financiamiento adicional. Un ex negociador explicó que, con los DEG que podría aportar el FMI, el Gobierno tendría margen para pagar los intereses, pero la gran incógnita es cómo Caputo conseguirá los 4.300 millones de dólares necesarios para afrontar el vencimiento con los bonistas privados en julio.
En definitiva, el acuerdo con el FMI brinda cierto alivio financiero, pero no resuelve todas las incógnitas. La gran pregunta es si el Gobierno logrará sostener su estrategia gradualista sin generar sobresaltos en el mercado. Mientras tanto, el misterio sobre los detalles del pacto sigue siendo incierto.
